- Justicia El PP pide que Conde-Pumpido, Campo y Díez sean apartados de su recurso contra la amnistía mientras se resuelven sus recusaciones en el Constitucional
- Tribunales El fiscal general recusa al magistrado del Constitucional José María Macías para apartarlo de la amnistía
La guerra por las recusaciones en el Tribunal Constitucional por la Ley de Amnistía provocará un retraso con total seguridad en la tramitación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo y los recursos presentados por el Partido Popular y las comunidades autónomas. Así lo explican fuentes jurídicas a EL MUNDO que temen que el tribunal sufra un «colapso» si estos asuntos no se tramitan de manera ordenada.
En la actualidad, el Partido Popular ha recusado al presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez en el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la amnistía por más de 50 diputados y senadores, mientras que hasta nueve autonomías han promovido distintas recusaciones contra estos tres miembros del TC.
Por otro lado, los líderes del procés han presentado seis recusaciones contra el magistrado José María Macías, miembro del sector conservador de la corte de garantías, en distintos recursos de amparo pendientes de resolver en relación con el proceso independentista. Asimismo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha planteado también un incidente de recusación contra Macías en el marco de la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Penal del Supremo por la ley que borra los delitos del desafío independentista catalán.
Además, se da la circunstancia de que la última parte que se ha sumado al intento de apartar al magistrado Macías de la deliberación de la amnistía ha sido la Abogacía del Estado, informan fuentes jurídicas. Los servicios jurídicos del Gobierno también consideran este juez que está contaminado para pronunciarse sobre la citada Ley Orgánica.
El abogado del Estado entiende que, como vocal del CGPJ, José María Macías emitió un informe sobre la citada Ley que le impide ahora ser imparcial. En palabras de la Abogacía del Estado, ejerció un "cargo público" con ocasión del cual tuvo un "extenso conocimiento" de la amnistía y ha formado criterio con el resto de los consejeros, "en detrimento de la debida imparcialidad".
En total, se han presentado hasta 50 incidentes de recusación pendientes de resolver en el Alto Tribunal, informan fuentes del Constitucional. Con este escenario, el objetivo de Conde-Pumpido es evitar el «colapso» del órgano y agilizar en la medida de lo posible la tramitación de todos estos incidentes. La primera decisión adoptada con este propósito es la inclusión en el orden del día del próximo Pleno de todas las abstenciones del ex ministro Campo en los recursos de inconstitucionalidad y las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad promovidas entre el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El pasado 11 de septiembre, el Pleno del Constitucional, por unanimidad, aceptó que el magistrado Campo se apartase en los asuntos relacionados con el borrado de los delitos del procés. El ex titular de Justicia pidió no participar en las deliberaciones sobre la amnistía tras haber señalado que la medida era «claramente inconstitucional» en los informes sobre los indultos concedidos a los líderes del desafío independentista catalán por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando el Pleno acepte todas las abstenciones de Campo decaerán las distintas recusaciones planteadas por el PP y varias comunidades autónomas -como Galicia, la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, entre otras- contra el ex ministro.
No obstante, el siguiente paso será entonces decidir sobre los incidentes planteados por el PP respecto de Conde-Pumpido y Díez. El partido de Alberto Núñez Feijóo recusó al presidente argumentando que Conde-Pumpido ya se apartó de las demandas de amparo que afectaban a los líderes del procés, guardando esos procedimientos «clara conexión» con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley de Amnistía.
Respecto de la magistrada Laura Díez, los populares sostienen que tuvo dependencia jerárquica directa de Pedro Sánchez como miembro del Gobierno al ser directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Palacio de la Moncloa, lo que perturbaría su imparcialidad para decidir sobre la amnistía.
Estas recusaciones pueden ser rechazadas de plano por el Pleno del Constitucional, en estos momentos conformado por una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista. Es probable que el bloque de siete jueces de este sector logre neutralizar las recusaciones del PP. Sin embargo, el caso del magistrado Macías puede ser radicalmente distinto, ya que dentro del Constitucional hay voces que consideran que debería apartarse de intervenir en las causas de la amnistía tras haber suscrito dos informes del Consejo General del Poder Judicial muy críticos con la citada ley.
En este caso, si el tribunal decide que la recusación presentada por García Ortiz debe tramitarse, fuentes jurídicas consultadas explican que resolver este incidente puede conllevar un plazo de unos cuatro o cinco meses aproximadamente. Se tendría que nombrar a un instructor, escuchar la posición del propio Macías y el resto de partes y adoptar una decisión por parte del Pleno.
El ex vocal del CGPJ sostiene en el tribunal que él no se va a abstener porque siguiendo la propia doctrina del TC no concurre causa legal para hacerlo.
Sin embargo, distintos miembros del sector progresista del órgano consideran que el posicionamiento jurídico emitido sobre la amnistía le impediría guardar la apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estos asuntos.
En tanto, el ex presidente catalán Carles Puigdemont tendrá que esperar que todos estos asuntos se resuelvan antes de que el Constitucional se pronuncie sobre la no aplicación de la amnistía por la malversación de caudales públicos, tal y como informó este periódico. «Puede pasar año y medio o dos hasta que nos toque resolver el amparo de Puigdemont», indican fuentes jurídicas.
AMNISTÍA FIRME PARA EL ESCOLTA DE PUIGDEMONT
La amnistía para el ex consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el escolta del ex presidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà, ya ha adquirido firmeza. Lo ha hecho después de que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, enviara un escrito de desistimiento a la Sala de lo Penal informando de que finalmente la Fiscalía no iba a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar la amnistía a los condenados por el 1-O.
El pasado 25 de junio, la Sala de Apelaciones del TSJC decidió aplicar la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña y borrar la responsabilidad penal de Buch y Escolà. Ambos fueron los primeros condenados beneficiados en sentencia por esta ley. Sin embargo, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció formalmente ante el TSJ que iba a recurrir esa decisión en casación pero, inmediatamente después, fue corregida por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que los independentistas reprocharan al Gobierno el intento de recurso de los fiscales catalanes.